Claudio Pereyra Schwindt | CONTINUUM
Burocracia, incumplimiento normativo y horizonte de transformación
La persistencia del modelo asistencialista en Argentina no es accidental ni meramente técnica. Responde a una cultura burocrática profundamente arraigada, visible tanto en las prácticas administrativas del Estado como en las de obras sociales, prestadores, organismos de control y, también, en la dinámica político-parlamentaria.
Esta cultura opera como un sistema de inercia institucional: reproduce procedimientos, criterios y lógicas heredadas, aun cuando el marco normativo vigente exige un cambio profundo de paradigma.
1. Reformas necesarias y jurídicamente obligatorias
La adecuación del sistema argentino al Modelo Social de la Discapacidad, basado en la plena vigencia de los Derechos Humanos, no constituye una opción política ni una política pública discrecional.
Es una obligación jurídica derivada de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2008 y de su incorporación con jerarquía constitucional en 2014.
Sin embargo, a más de una década de ese compromiso, el Estado argentino -a través de los distintos gobiernos- exhibe una notable indiferencia -o resistencia según se lo mire- a encarar transformaciones estructurales:
- no se impulsan reformas integrales del sistema vigente,
- no se desmontan estructuras normativas obsoletas,
- no existe un consenso político sostenido y transversal.
El resultado es un escenario de cumplimiento parcial, donde los derechos reconocidos en el plano formal no se traducen en garantías efectivas en la vida cotidiana.
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| “… el Estado argentino -a través de los distintos gobiernos- exhibe una notable indiferencia -o resistencia según se lo mire- a encarar transformaciones estructurales …” |
2. El costo humano de la inacción política
La falta de decisión política no es neutra ni abstracta. Sus consecuencias recaen directamente sobre las Personas con Discapacidad (PCD), afectando su autonomía, su proyecto de vida y su dignidad personal.
- produce dependencia estructural y forzada,
- obliga a judicializar derechos básicos,
- normaliza la excepcionalidad como regla.
Cuando un derecho debe ser litigado sistemáticamente para ser ejercido, deja de funcionar como derecho y se convierte en una concesión condicionada.
Los derechos no implementados no son derechos incompletos: son dignidad postergada.
3. Vida Independiente y calidad democrática
Una sociedad democrática auténtica promueve la libertad individual como valor fundante y habilita relaciones de interdependencia virtuosa, basadas en la elección y no en la imposición.
La democracia se vacía de contenido cuando alguien —el Estado, una institución, un profesional o un sistema— controla indebidamente las decisiones fundamentales de otra persona.
En este sentido, la Vida Independiente no es una política sectorial ni una reivindicación identitaria: es un indicador de calidad democrática.
4. Un horizonte de transformación impostergable
El futuro del modelo argentino en materia de discapacidad exige abandonar definitivamente la lógica tutelar y avanzar hacia un sistema coherente con la Convención.
Esto implica, al menos:
- una reforma normativa integral,
- mecanismos de financiamiento transparentes y sostenibles,
- participación real y vinculante de las PCD.
La Vida Independiente no se concede, no se administra como excepción ni se supedita a criterios de oportunidad: se reconoce y se garantiza.
En la Parte IV abordaremos algunas ideas programáticas orientadas a reformas concretas, para transformar en realidad efectiva el horizonte que la Convención señala.
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